Urge PVEM por regulación que impida ciberdelitos a través de telefonía móvil
El PVEM propone colaboración directa entre la Fiscalía General de la República y empresas concesionarias de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales para atacar ciberdelitos.
Con el fin de obligar a las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sánchez, propuso reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Propone que se incluya el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes y alertas tempranas para sus usuarios y tener colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
De esta forma se busca proteger a los usuarios de telefonía móvil de delitos cibernéticos como la extorsión, fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales.
Indicó que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
También propone que estas empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en todo tipo de delitos cibernéticos.
Asimismo, la legisladora propone que las empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
La diputada Claudia Sánchez indicó que en caso de omisión o incumplir con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos se aplicaría una multa por el equivalente de 2.01 a 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado; la suspensión de operaciones hasta por un año en los casos de reincidencia y con la revocación de la concesión en caso de incurrir en incumplimiento tres veces de manera consecutiva.
Destacó que la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos. “Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostiene en su propuesta.
